AUDIENCIA NACIONAL DE ESPAÑA
SALA DE LO PENAL
SECCIÓN SEGUNDA
Ante: Magistrado José Antonio Mora Alarcón (Presidente)
Ante: Magistrado Fernando Andreu Merelles
Ante: Magistrada María Fernanda García Pérez
ROLLO DE SALA NO. 4/2015
PROCEDIMIENTO DE ORIGEN NO. 97/2010
JUICIO POR LA MASACRE DE LOS PADRES JESUITAS
Public Prosecutor: Teresa Sandoval
Abogados de las Manuel Ollé
acusaciones populares Almudena Bernabéu
y particulares: José Antonio Martín Pallín
Abogados de la Jorge Agüero Lafora
defensa: (por Inocente Orlando Montano)
Sesión: Tercera Sesión
Fecha: 11 de junio de 2020
Crónica de la 3ª sesión del juicio
Hoy, 11 de junio de 2020, pasadas las 10:00 a.m., se ha reanudado el juicio por la masacre de seis padres jesuitas y dos mujeres perpetrada en El Salvador el 16 de noviembre de 1989. En esta tercera sesión del juicio, que es la última que tendrá lugar en el mes de junio, han declarado los miembros de dos delegaciones que el Congreso de los Diputados de España envió a El Salvador en noviembre de 1990 y septiembre de 1991. La primera delegación parlamentaria tuvo un doble objetivo: por un lado, informarse sobre el proceso judicial iniciado en El Salvador para determinar quiénes eran los responsables de la muerte de los jesuitas y, por otro, informarse sobre la situación política salvadoreña. Los miembros de la segunda delegación se trasladaron a El Salvador, un año después, continuaron recabando información sobre el proceso y asistieron, como observadores internacionales, a una audiencia judicial pública sobre la masacre.
Los integrantes de estas delegaciones parlamentarias que declararon hoy fueron los letrados de las Cortes Generales y secretarios de la primera y segunda delegación respectivamente, D. José Luis Ruiz-Navarro Pinar y D. Enrique Arnaldo Alcubilla. En segundo lugar, los diputados D. Manuel García Fonseca, D. Joseba Mirena Zubia Achaerandío y D. Pere Baltá i Llopart. Por último, declaró el catedrático de derecho penal de la Universidad de Lleida, D. Josep María Tamarit Samalla, quien fue enviado por el Ministerio de Asuntos Exteriores español para realizar un informe sobre las condiciones en las que se desarrolló el juicio en El Salvador, dando apoyo a la segunda delegación parlamentaria.
El tribunal tomó la decisión de reproducir durante las sesiones de julio, antes de proceder a la práctica de la prueba documental, las declaraciones rendidas en la fase de instrucción por los embajadores de España en El Salvador, en el momento de los hechos y después de su consumación, respectivamente, D. Francisco Cádiz Deleito y D. Fernando Álvarez de Miranda.
Las cuestiones más destacadas de las declaraciones de los testigos durante esta tercera sesión del juicio fueron las siguientes:
En primer lugar, respecto de los hechos delictivos, los testigos confirman que se trató de una operación militar con participación y dirección del alto mando castrense. En concreto, todos han manifestado que con anterioridad a la perpetración de los delitos tuvo lugar una reunión del Alto Mando, en la cual, según los declarantes, estuvieron presentes el Ministro de Defensa, el coronel Larios; sus dos Viceministros, los coroneles Zepeda y el acusado, D. Inocente Orlando Montano, así como, el Presidente de El Salvador, D. Alfredo Cristiani. Según D. Manuel García Fonseca, esa reunión fue decisiva y decisiva porque “en ella se decidió asesinar a los jesuitas de la UCA”.
Del mismo modo, los testigos expresaron que no era creíble que un batallón liderado por un oficial trabajando por cuenta propia pudieran llevar a cabo una operación militar. En otras palabras, los testigos reiteraron su negativa a creer que el coronel Benavides, de forma unilateral, hubiese podido tomar la decisión y dar la orden al Batallón Atlacatl de asesinar a los jesuitas, especialmente teniendo en cuenta el reconocimiento de la universidad de los jesuitas, al igual el prestigio de su rector, Ignacio Ellacuría S.J., quien además jugaba un rol clave en el proceso de paz salvadoreño. En concreto, el testigo D. Joseba Mirena afirmó que el atentado a los jesuitas fue preparado con cuidado, habida cuenta de la figura del padre Ellacuría como “representante de la teoría de la liberación”, y el hecho de que el propio ejército lo señalaba como jefe de la guerrilla.
En segundo lugar, respecto de la investigación judicial de los hechos, los testigos que participaron en la primera delegación parlamentaria destacaron la reunión que tuvieron con el Juez Zamora, quien instruyó y dictó la sentencia del caso. Según los testigos, el Juez Zamora trató de llevar la investigación de la mejor forma posible, a pesar de los obstáculos y las dificultades constantes, sufriendo amenazas y presiones. Específicamente, los testigos subrayaron lo irregular de que el órgano que ejerció las funciones de Policía Judicial hubiera sido la Comisión de Investigación de Hechos Delictivos, un órgano compuesto por militares y dirigida por el teniente coronel Rivas. Los declarantes indicaron que esta Comisión fue la que interrogó a los acusados, sin asistencia letrada y sin la presencia del Juez instructor Zamora. De hecho, los testigos afirmaron que el instructor no tenía ningún tipo de confianza en las pruebas que le había aportado dicha Comisión. En ese sentido, el testigo y experto penalista, D. Josep María Tamarit, declaró que el proceso no reunió los estándares mínimos de un proceso justo y con todas las garantías, debido a las limitaciones del juez instructor, quien, además, no tuvo el poder de hacer comparecer a ningún miembro de las Fuerzas Armadas. Según el testimonio del diputado D. Pere Baltá i Llopart: “había un poder fáctico que hacía todo lo posible para que la investigación no se llevara a cabo”.
Otro aspecto que destacaron los testigos es su convencimiento de que había otros autores implicados en los hechos que no fueron investigados en la causa judicial salvadoreña de 1990. Los miembros de las delegaciones parlamentarias sostuvieron en repetidas ocasiones que, durante sus entrevistas con actores políticos y sindicales, así como durante las sesiones del juicio salvadoreño, fue evidente que las responsabilidades de los autores intelectuales no estaban siendo esclarecidas. En ese sentido, D. Enrique Arnaldo Alcubilla sostuvo que la frase más repetida durante el juicio fue: “aquí no están todos los que tienen que estar”. En esta mismo sentido, el Sr. Baltá i Llopart, afirmó que múltiples fuentes consultadas atribuían a “la famosa Tandona” haber dado la orden al coronel Benavides de acabar con la vida de Ellacuría.
En tercer lugar y en lo que respecta la audiencia judicial a la que asistieron como observadores (la vista pública), todos los testigos transmitieron la misma impresión: el procedimiento penal fue “fraudulento e incompleto”. D. Manuel García Fonseca manifestó que retornó a España con la sensación de que “el jurado estaba amañado”. Entre las múltiples y graves irregularidades, el Sr. Tamarit Samalla destacó que no hubo un interrogatorio directo de ninguno de los acusados ni de ningún testigo y que el juicio consistió principalmente en más de trece horas de lectura de la prueba documental.
Asimismo, los testigos declararon la incomodidad que experimentaron durante la audiencia pública del juicio, debido a los múltiples actos de acoso e injerencia que sucedieron durante los días en los que se desarrollaba la vista, cuyo fin incluía alterar el proceder normal de la audiencia y el ánimo del jurado. El testigo D. Enrique Arnaldo Alcubilla sostuvo que las injerencias fueron persistentes y continuas; cada día de una forma determinada, con manifestaciones contrarias a la presencia de las delegaciones extranjeras, megafonía ruidosa y helicópteros sobrevolando muy bajo, de tal forma que a veces no se podía oír a quienes intervenían en el juicio. También subrayó que los abogados de la defensa se acercaban mucho al jurado, llegando en algunos momentos a hablar con los integrantes del mismo. Además, varios testigos citaron como irregular que el veredicto se dictara en pocas horas, habida cuenta de que el jurado debía responder más de 80 preguntas tras un juicio tan intenso.
El último de los testigos en declarar en la sesión de hoy, el catedrático Tamarit Sumalla, tuvo oportunidad de asistir a todas las sesiones del juicio en El Salvador y de revisar la documentación obrante en el proceso. El manifestó que “hubo una clara actitud de no investigar más allá de Benavides y ello era una consigna o presión de los altos cargos de las Fuerzas Armadas salvadoreñas (…) No pudo haberlo decidido solo, parecía que hasta el momento tuvo un comportamiento ejemplar, no podía ser una decisión unilateral, sino que éste se debía a su mando y a sus superiores”.
Tamarit señaló que “hubo un clima de hostigamiento y hostilidad contra (los jesuitas), porque Ellacuría denunciaba públicamente las violaciones a derechos humanos y realizaba una campaña de concordia y diálogo para que en la negociación entre el FMLN y el Gobierno no hubiese un derramamiento de sangre, lo que provocó que el ejército persiguiera a los padres Jesuitas incluso amenazándoles a través de los medios de comunicación, con mensajes de tipo intimidatorio como que la UCA era un nido de terroristas”.
Las sesiones del juicio oral se reanudarán el próximo 8 de julio de 2020 a las 10:00 a.m., con el testimonio de D. Yussy René Mendoza Vallecillos, en calidad de testigo, y continuarán a las 05:00 p.m. con las declaraciones de Álvaro Henry Campos Solarzan y Edward Sydney Blanco Reyes, fiscales del procedimiento penal llevado a cabo en El Salvador que, posteriormente, fueron abogados de la acusación ejercida por la Compañía de Jesús en el mismo juicio. Además declarará Dña. Lucía Barrera, única testigo ocular de los asesinatos de los jesuitas en la UCA, así como su marido, Jorge Cerna. La sesión concluirá con la declaración de D. Eric Warren Buckland, mayor del ejército de los EEUU. La declaración del padre Miguel Francisco Estrada Lemus, que estaba prevista para ese mismo día se reproducirá en vídeo, debido a su reciente fallecimiento.